Preguntas sobre derecho en Torrelavega

La custodia compartida es una situación legal mediante la cual, en caso de separación o divorcio matrimonial, ambos progenitores y en igualdad de condiciones ejercen la custodia de sus hijos menores de edad. No se debe confundir la custodia con la patria potestad, puesto que, en el caso de una custodia monoparental, salvo casos excepcionales, ambos progenitores siguen teniendo la patria potestad sobre sus hijos.

De conformidad con el artículo 101 del Código Civil, el derecho a percibir la pensión compensatoria se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.
No obstante, según el mismo precepto, el derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. Sin embargo, los herederos de este podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

El mismo artículo 90 del Código Civil establece que si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo teniendo en cuenta siempre el interés de aquellos.

Para saber si una persona realizó un testamento, es necesario dirigirse al Registro de Actos de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia, donde se podrá pedir un certificado por el cual se acredite si la persona fallecida realizó o no un testamento.
En Cantabria, la dirección es la siguiente: Santander, 39.071, Calle Juan de Herrera, Nº 19, 5º.

El heredero deberá abonar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un plazo de 6 meses desde el fallecimiento o declaración de fallecimiento del causante.

Durante la vida del causante, pueden ser otorgados varios testamentos, aunque solamente el último será válido, que excluirá los otorgados anteriormente.

Los contratos serán obligatorios, según el artículo 1 258 del Código Civil, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.

El artículo 582 del Código Civil dice que no se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.

Según el artículo 569 del Código Civil, si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

De conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, su artículo 1 establece que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

De conformidad con el artículo 136 del Código Penal, los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan trascurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:
a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
e) Diez años para las penas graves.

El artículo 379.2 del Código Penal establece que será condenado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años, el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

El artículo 14.2 de la Ley 6/2015, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley.

Y, el artículo 383 del Código Penal dice que el conductor que, requerido por un Agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 4 años.

Tanto el hurto como el robo implican apoderarse, con ánimo de lucro, de cosas muebles ajenas. La diferencia estriba en que el robo es necesario emplear fuerza en las cosas para apoderarse de las mismas o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida o sobre aquellos quienes acudiesen en auxilio de la víctima.
En el hurto, por otro lado, no existe ningún tipo de violencia o intimidación a la hora de querer apropiarse de un bien ajeno.

En una expropiación es posible realizar un convenio expropiatorio entre la Administración y la parte afectada y en el que ambas partes determinarán el objeto de la expropiación y el justiprecio.

Lo establece el artículo 40.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, diciendo que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.

El artículo 41.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Para ello, lo primero es necesario comprobar la clasificación del suelo, puesto que la construcción directa mediante solicitud de Licencia de Obra solo es posible en suelo urbano. En los municipios de marcado carácter rural donde abunda la construcción de suelo rústico, solo caben de conformidad con la LOTRUSCA (Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria) las construcciones que la propia Ley determina en función de las características y/o especial protección; ya que el suelo rústico tiene un destino prioritario de protección y conservación.

Es el Procedimiento Administrativo que bien iniciado a instancia de la Administración, o bien por el interesado, requiere la aportación del Proyecto de Legalización de la Obra y demás documentación necesarios para adecuar a la regulación legal una obra ejecutada sin licencia, o una obra ejecutada en contra de licencia, o bien apartándose de la misma.

Es el ámbito territorial sobre el que se aplica un Sistema de Actuación Urbanístico para llevar a cabo la Ejecución de un Planeamiento.